La atención judicial se centra en Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, a partir de los movimientos patrimoniales y empresariales que podrían explicar inconsistencias en la declaración jurada del funcionario. La consultora de coaching ontológico que lidera Angeletti, Mas Be, habría tenido contratos con empresas proveedoras del Estado, lo que motivó una investigación para determinar posibles retornos irregulares hacia el matrimonio.
Esta pesquisa se origina tras las explicaciones públicas de Adorni sobre errores en su declaración patrimonial, que atribuyó en gran parte a operaciones vinculadas con su esposa. Entre los puntos señalados destacaron inversiones en Bitcoin realizadas años atrás, así como la compra de una propiedad a nombre exclusivo de Angeletti, omitida inicialmente en la presentación de bienes.
La relación societaria entre la pareja también suma interés: en 2020 constituyeron juntos AS Innovación Profesional, una sociedad limitada de la que ambos son dueños en partes iguales. Cuatro años después, Angeletti creó Mas Be, su propio emprendimiento orientado al coaching ontológico, con clientes relacionados al sector público. Estas conexiones son ahora parte central de la causa, en la que el juez Ariel Lijo ordenó investigar los contratos que la consultora mantiene con el Estado.
Más allá de las sospechas, Adorni enfatizó que su esposa no debe ser considerada una simple monotributista, sino que ha desempeñado cargos gerenciales en relación de dependencia durante más de una década. Además, ambos declararon adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias, figura que aporta un marco fiscal accesible para contribuyentes con ingresos de menor escala.
Desde que la figura de Bettina Angeletti trascendió en la investigación, ella mantuvo silencio ante la prensa y continúa activa en sus redes profesionales. Por otro lado, en la plataforma digital de su empresa se ha registrado un cambio discreto que algunos analistas vinculan con la evolución de la causa judicial, en la cual se intenta aclarar si la consultora sirvió para canalizar beneficios económicos vinculados a la función pública del matrimonio.