Aluar continuará operando el complejo hidroeléctrico Futaleufú hasta mediados de diciembre de 2026 o hasta la culminación del proceso de licitación pública nacional e internacional para su privatización, lo que ocurra primero. Esta decisión fue formalizada por la Secretaría de Energía a través de la Resolución 130/2026.

La continuidad de la operación dependerá de que la concesionaria envíe dentro de los próximos siete días la carta de adhesión requerida por la Secretaría. En caso de que no se realice esta adhesión, Aluar deberá garantizar la generación de energía por al menos 90 días adicionales para asegurar la transición y la continuidad del servicio eléctrico, según las obligaciones estipuladas en el contrato de concesión vigente desde 1995.

Este contrato original, firmado tras un concurso público y formalizado por decreto, otorgó a Aluar la concesión para gestionar el sistema hidroeléctrico Futaleufú, un complejo clave para la generación eléctrica en la región, en particular para el abastecimiento de la planta de aluminio de la misma empresa en Puerto Madryn.

El complejo se encuentra ubicado sobre la margen derecha del río Futaleufú y cuenta con cuatro turbinas Francis de eje vertical, con una potencia instalada total de 560 MW. La energía generada recorre una red de líneas de alta tensión de 330 kV que se extienden por 550 km, desde la cordillera patagónica hasta la costa atlántica en Puerto Madryn.

La Resolución 130/2026 también establece que Aluar debe presentar una conformidad dentro de los cinco días de entrada en vigencia de la norma para continuar operando bajo las condiciones definidas en el acuerdo inicial y sus posteriores modificaciones. Entre los requerimientos, la concesionaria debe actualizar la garantía de cumplimiento del contrato, la cual no podrá ser inferior a 1,5 millones de dólares, y la garantía podrá cubrirse mediante fianza o seguro.

Este proceso es parte de la preparación para la licitación pública que abrirá la deuda para adjudicar la operación a un nuevo concesionario, poniendo fin a la actual administración luego de más de treinta años. La Secretaría de Energía supervisa el cumplimiento de estos pasos para asegurar que la transición no afecte la provisión de energía ni la seguridad del servicio en la región.