El Senado avanza para fijar una fecha en la que Manuel Adorni, jefe de Gabinete, deberá presentarse a rendir cuentas ante la Cámara, luego de meses sin cumplir con esta obligación constitucional. Varias fuerzas políticas reclaman su informe de gestión, que representa un compromiso mensual previsto en la Constitución Nacional y que desde su nombramiento no se ha concretado.

La iniciativa para convocar a Adorni la promueve la senadora Patricia Bullrich, quien buscará acordar el encuentro durante la reunión de Labor Parlamentaria convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel. Esta reunión tiene como objetivo principal reducir la tensión política con la oposición y garantizar la realización de la sesión prevista para el jueves siguiente, que incluye proyectos clave para el Gobierno.

El artículo 101 de la Constitución Nacional establece que el jefe de Gabinete debe informar mensualmente a ambas cámaras sobre la marcha del Poder Ejecutivo. Sin embargo, desde noviembre de 2025, Adorni no se ha presentado ante el Senado, situación que generó reproches no solo en bloques opositores, sino también en sectores del propio oficialismo, como la UCR y el PRO.

El antecedente inmediato más reciente del cumplimiento de esta obligación data de mediados del año anterior, cuando el exjefe de Gabinete Guillermo Francos compareció ante los senadores para brindar su informe. Esta falta prolongada de informes agrava la crisis institucional y provoca un clima de desconfianza dentro del Parlamento.

Además del incumplimiento del deber formal, la controversia política se intensificó con la reciente presentación tardía y luego rectificada de la declaración jurada patrimonial de Adorni. Su informe inicial omitió 500.000 dólares, cifra que fue incorporada con posterioridad, lo que alimentó cuestionamientos sobre su transparencia y exigencias de una comparecencia urgente en ambas cámaras.

En Diputados, diversos bloques como Unión por la Patria, la Coalición Cívica, sectores radicales, Provincias Unidas y el Frente de Izquierda impulsaron pedidos de interpelación al funcionario, con algunos parlamentarios incluso debatiendo la posibilidad de aplicar sanciones más contundentes ante las irregularidades detectadas.