La situación del jefe de gabinete Manuel Adorni se volvió crítica luego de que reconociera haber omitido 500.000 dólares en sus declaraciones patrimoniales. Esta admisión desató un fuerte rechazo político, con la presentación de una denuncia penal en su contra y exigencias para que el presidente Javier Milei retire su respaldo.

La denuncia fue impulsada por legisladores de la Coalición Cívica, quienes lo acusan de haber cometido «declaraciones falsas» y de esconder intencionalmente activos. Según el expediente judicial, Adorni modificó sus presentaciones para incluir el dinero no declarado, que habría provenido de inversiones en criptomonedas. En declaraciones públicas, el funcionario calificó la omisión de «error» y manifestó su disposición a regularizar la situación pagando multas e intereses.

Sin embargo, integrantes de la oposición y algunos aliados cuestionaron su versión. Argumentaron que la ocultación no puede considerarse un error excusable, sobre todo tras haber negado previamente ante el Congreso cualquier ocultamiento del patrimonio. La Coalición Cívica, a través de diputadas y exlegisladoras, calificó a Adorni de parte de un «gobierno de funcionarios corruptos» y elevó la denuncia a la Justicia.

En paralelo, el partido PRO —aliado del oficialismo pero crítico con Adorni— instó al presidente Milei a cesar el apoyo al jefe de gabinete para no comprometer la agenda política. Esta voz refleja la creciente tensión dentro de las filas que respaldan al mandatario.

Además, se encuentra vigente una investigación judicial por la compra de propiedades no declaradas por Adorni en los últimos años, aunque hasta el momento no fue citado a declarar en ese expediente. La combinación de las denuncias y las filtraciones elevó la presión sobre el funcionario en un contexto de intensos cuestionamientos públicos.

Hasta ahora, Milei sostuvo su apoyo público a Adorni, insistiendo en que el jefe de gabinete cuenta con todo en regla. No obstante, la polémica dejó en evidencia un conflicto político y legal que podría tener repercusiones en la estabilidad del gobierno.