Un grupo de docentes autoconvocados y sindicatos universitarios de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) rechazaron el reciente acuerdo salarial entre el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las organizaciones gremiales y el Gobierno nacional. En respuesta, confirmaron una huelga total que se extenderá desde el 16 hasta el 20 de junio, en el marco de un conflicto salarial que afecta a todo el sistema universitario público.

El pacto firmado contempla un aumento salarial inicial del 21,33% para junio, con una actualización progresiva que alcanzaría el 24,33% en octubre. Sin embargo, los sectores disidentes cuestionan que esta recomposición no compensa la pérdida real del poder adquisitivo, que según sus cálculos supera el 43% debido a la inflación acumulada y la devaluación.

En un comunicado difundido por docentes y agrupaciones universitarias, definieron el acuerdo como un “arreglo de cúpula” que ofrece «menos de la mitad» de lo necesario para recuperar el salario perdido. Además, denunciaron que esta situación impacta negativamente en las condiciones laborales, la calidad académica y el funcionamiento general de la universidad.

Los manifestantes también exigieron la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, que busca garantizar aumentos presupuestarios para salarios, infraestructura y operaciones en las universidades nacionales. Actualmente, esta ley está en debate judicial ante la Corte Suprema de Justicia, en medio de tensiones con el Gobierno por la distribución de recursos.

El conflicto se agrava luego de que el Consejo Superior de la UNSL declarara la emergencia salarial y presupuestaria, una decisión unánime que refleja el deterioro de los fondos destinados a la educación superior. Durante los días de paro, están programadas asambleas, actividades de visibilización y jornadas de protesta para exigir la reapertura de las negociaciones salariales y mayores asignaciones presupuestarias para las casas de estudio.

La situación en la UNSL es parte de un panorama más amplio que afecta a varias universidades nacionales, donde crecen las demandas por mejoras salariales y financiación frente a la pérdida de poder adquisitivo entre docentes y trabajadores no docentes, así como el impacto sobre la investigación y las actividades académicas.