La causa judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni escaló al cuestionar la veracidad y procedencia de las criptomonedas que el jefe de Gabinete incorporó en sus declaraciones rectificadas. La fiscalía federal, a cargo de Gerardo Pollicita, ordenó medidas para verificar si las operaciones con activos digitales fueron efectivamente realizadas por Adorni y si la documentación presentada avala su titularidad.

El eje principal de la investigación gira en torno a un ingreso reportado por 513.000 dólares, atribuido a la venta de criptomonedas adquiridas años atrás junto a su esposa, Bettina Angeletti. Sin embargo, hasta ahora no se han presentado pruebas suficientes que confirmen que el funcionario fue propietario de esos activos virtuales ni que sustenten la operatoria declarada. Además, la investigación busca esclarecer el origen de los 200.000 dólares iniciales que, según Adorni, se usaron para invertir en bitcoin entre 2014 y 2018.

La Justicia sostiene que no basta con incluir estas sumas en una declaración jurada, sino que es imprescindible demostrar la procedencia lícita de los fondos. Asimismo, detectaron inconsistencias en la información sobre las criptomonedas consignadas, donde aparecen varias billeteras virtuales y los valores expresados en pesos no coinciden con las ganancias supuestamente generadas, generando dudas entre los peritos que analizan el expediente.

Paralelamente, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) examina la evolución patrimonial tanto de Adorni como de su esposa. Esta verificación busca detectar discrepancias entre los ingresos oficiales, la actividad laboral y la riqueza acumulada por la pareja. Para completar esta revisión, la fiscalía pidió datos a organismos como ARCA y ANSES, con el fin de reconstruir la trayectoria económica y laboral del matrimonio y determinar si se ajustan a los montos declarados.

En Comodoro Py remarcaron que las modificaciones realizadas en las declaraciones juradas alteraron considerablemente las cifras patrimoniales informadas en años previos y, lejos de resolver las interrogantes, generaron nuevas dudas que deberá aclarar la investigación. Actualmente, el proceso está en la fase de recopilación de pruebas y análisis financiero mientras la Justicia evalúa la suficiencia de las explicaciones proporcionadas por el funcionario para justificar el origen y evolución de sus bienes.