El Ejecutivo de Mendoza envió a la Legislatura un proyecto de ley con múltiples reformas orientadas a mejorar la gestión pública y promover el desarrollo económico mediante incentivos a la inversión. Entre sus puntos centrales destaca la adhesión al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), una medida destinada a captar capitales nacionales y extranjeros en un contexto donde las provincias compiten por atraer inversiones.
El proyecto también propone la disolución y liquidación de la Administradora Provincial del Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC), que tras más de tres décadas perdió capacidad patrimonial. El gobierno argumenta que el sistema financiero privado alcanzó la madurez necesaria para asumir un rol más activo, permitiendo que la provincia se enfoque en corregir fallas puntuales del mercado y deje atrás tradicionales esquemas de financiamiento público.
Asimismo, la iniciativa habilita al Instituto Provincial de Juegos y Casinos para iniciar un proceso integral de reorganización, orientado a optimizar la gestión y racionalizar los recursos públicos. Esta decisión responde en parte al incendio que dañó gravemente el Casino de Mendoza, afectando sus ingresos y poniendo en riesgo transferencias presupuestarias esenciales destinadas a la salud, bibliotecas populares y rentas generales.
El proyecto incluye además medidas para cerrar procesos pendientes de liquidación vinculados a la privatización de ex bancos provinciales, mediante la venta de activos del ex EFOR. Se destaca la existencia de carteras crediticias con décadas de antigüedad, muchas prescriptas o irrecuperables, que generan costos administrativos y riesgos judiciales. Por eso, se propone dar de baja esas deudas y cancelar garantías para reintegrar a miles de deudores en mejores condiciones.
El gobierno justifica estas reformas como parte de una estrategia para transformar la administración provincial, promover un uso eficiente de los recursos públicos y consolidar un entorno más propicio para el crecimiento económico, especialmente enfocándose en PyMES y MiPyMES, a las que se busca favorecer con beneficios específicos para aumentar su capacidad productiva y generar empleo.