Un juzgado recibió una solicitud formal para detener a Manuel Adorni, vocero presidencial, tras acusaciones de que habría ejercido presión sobre un testigo. La medida se enmarca en una investigación que indaga la conducta del funcionario en su rol público.

La acusación de "apriete a testigo" constituye una agravante en procedimientos legales, ya que busca garantizar que los testigos declaren sin intimidación o interferencia externa. Este tipo de delito es perseguido de oficio por los tribunales competentes.

El pedido de detención fue presentado como parte de las diligencias de la causa que ya seguía a Adorni. El funcionario, quien ocupa un cargo visible en la administración actual, enfrenta así una nueva complicación legal que suma presión al equipo de gobierno.