En Mendoza, las multas por daños ambientales recibieron una actualización significativa para equiparar las sanciones con la gravedad real de las intervenciones ilegales. Ahora, las penalizaciones pueden llegar hasta los $100 millones, un aumento considerable sobre el sistema previo que se basaba solo en la superficie afectada.
Este nuevo esquema integra múltiples variables para determinar la magnitud de la sanción. Además de la extensión del daño, influirán la categoría de conservación del área, la presencia de especies protegidas, la capacidad de recuperación del ecosistema y los antecedentes del infractor. De esta forma, se busca compensar la insuficiencia del cálculo anterior, vigente desde 2018, que no reflejaba con exactitud el impacto ambiental.
Un aspecto clave de la actualización es la incorporación de agravantes específicas que elevan las multas en casos más graves. Por ejemplo, el uso de fuego en desmontes, la afectación de zonas con máxima protección ambiental —clasificadas como Categoría I en los mapas oficiales— y la reincidencia de los responsables incrementarán el monto final de la sanción. Estas zonas de máxima protección están identificadas en color rojo y comprenden ecosistemas de alta vulnerabilidad, como los bosques nativos amparados por legislación nacional y provincial.
Desde la Dirección de Áreas Protegidas explicaron que el propósito es ofrecer un sistema de sanciones más transparente y objetivo. Así se garantiza que infracciones similares sean penalizadas de manera equivalente y que el monto de la multa se relacione directamente con el daño ambiental provocado, fortaleciendo la defensa de ecosistemas clave en la región.