La presencia del jabalí europeo en Argentina se ha convertido en un problema creciente para la producción agropecuaria y la biodiversidad. Introducido a principios del siglo XX con fines recreativos, este animal invasor se dispersó por casi todo el territorio nacional hasta ser catalogado entre las quince especies más dañinas a nivel global.
Su proliferación sostenida responde a la ausencia de depredadores naturales y a la notable capacidad de adaptación del jabalí, que hoy forma manadas numerosas y puede superar los 200 kilos de peso. Esta situación genera daños millonarios en cultivos e infraestructuras rurales, con pérdidas que rondan los 1.600 millones de dólares anuales, además de implicar riesgos para la seguridad de las personas y la salud del ganado.
Los daños económicos se reflejan en la destrucción de tierras cultivables y en la rotura de instalaciones productivas, problemas que llevaron a algunas provincias, como Buenos Aires, a autorizar la "caza plaguicida" para controlar la población de estos animales. Además, el jabalí está asociado a la transmisión de enfermedades al ganado y ha protagonizado ataques a personas, como el caso de una víctima fatal en Mendoza.
La comercialización de carne de jabalí se da mayormente a través de canales clandestinos, sin controles sanitarios ni verificaciones contra la triquinosis, lo que agrava el panorama sanitario. Su presencia reciente en zonas periurbanas, como Ingeniero Maschwitz en Buenos Aires, eleva la preocupación entre vecinos y especialistas debido a la proximidad del animal a áreas densamente pobladas.
Expertos de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) coinciden en que la falta de un marco regulatorio claro y la insuficiente coordinación estatal han contribuido a la expansión incontrolada del jabalí europeo. Se advierte que, sin medidas efectivas, esta amenaza seguirá impactando en la producción rural, la salud ambiental y la seguridad en distintas regiones del país.