El presupuesto destinado a áreas clave como la salud pública y la seguridad sufrió recortes significativos que impactan directamente en la calidad de vida de la población más vulnerable. Entre las medidas recientes, se eliminaron fondos para la investigación, prevención y tratamiento del cáncer, así como para medicamentos esenciales y fortalecimiento de los sistemas sanitarios provinciales.
Asimismo, la reducción de partidas afectó programas de prevención de enfermedades transmisibles, atención al VIH, hepatitis virales y salud sexual, evidenciando una caída considerable en la capacidad del Estado para responder a necesidades sanitarias básicas. A la par, se redujeron recursos para la lucha antidrogas, dejando al personal de Gendarmería Nacional con limitaciones operativas como la falta de combustible para sus patrullas.
Este escenario de austeridad extrema se extiende a la educación y la ciencia, sectores que enfrentan un deterioro sostenido en la inversión pública. Pese a los ajustes, dentro del oficialismo persisten conductas que contrastan fuertemente con el discurso de austeridad, reflejadas en gastos desproporcionados y privilegios económicos para funcionarios y allegados.
Por ejemplo, la Agencia Nacional de Discapacidad fue objeto de denuncias por sobreprecios en contratos durante una gestión vinculada a círculos cercanos al poder. Además, figuras públicas del gobierno exhiben bienes de alto valor, como vehículos de lujo, que desafían el discurso oficial sobre equidad y austeridad.
Este ciclo recurrente de ajustes profundiza la recesión, deteriora la recaudación fiscal y obliga a nuevos recortes que afectan aún más servicios esenciales. Todo ello genera un creciente desamparo social que pone en cuestionamiento la lógica y la sustentabilidad de una política económica que sacrifica derechos básicos sin mejorar las condiciones económicas generales.