La presencia del Reino Unido en las Islas Malvinas no se limita al territorio insular, sino que se extiende sobre una vasta Zona Económica Exclusiva (ZEE) que multiplica por más de cien veces la superficie terrestre de las islas. Este dominio marítimo, establecido desde la ocupación en 1833, se consolida hoy como un recurso estratégico y económico fundamental, especialmente por la riqueza en recursos pesqueros.

El derecho internacional otorga a los estados ribereños soberanía y derechos sobre las aguas territoriales, la ZEE y la plataforma continental, lo que convierte a quien controla un territorio insular en el gestor de extensas áreas marítimas. Desde la usurpación inicial, el Reino Unido ha administrado casi 2 millones de kilómetros cuadrados en el Atlántico Sur, implementando una estructura jurídica y financiera centrada en la conservación y explotación pesquera, con un sistema que, sin embargo, se sostiene en licencias otorgadas unilateralmente y cuestionadas por la comunidad internacional.

La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU, por sus siglas en inglés) representa una amenaza constante para la región. En Malvinas, se estima que se capturan cientos de miles de toneladas de pescado en estas condiciones, cifra que aumenta considerablemente en todo el Atlántico Sur. El Reino Unido ha consolidado una flota sofisticada que, junto con la concesión de licencias, contribuyó al colapso del calamar en la zona. Estas licencias, vigentes pese a la oposición internacional, generan la mayor fuente de ingresos para la administración kelper, representando cerca del 60% de su presupuesto oficial.

Contrario a la creencia generalizada, China no participa con licencias británicas en la pesca alrededor de Malvinas. En cambio, los principales beneficiarios de la actividad pesquera legal son Taiwán y España, cuyos barcos recorren distancias que superan los 10 mil kilómetros para faenar en la zona y desembarcan mayoritariamente en puertos españoles, como Vigo, uno de los más importantes del país.

Desde 1982, tras el breve intento argentino de recuperar las islas, la ocupación británica reforzó sus estrategias para mantener el control político y económico sobre las aguas que rodean Malvinas. La explotación pesquera es una dimensión clave de este dominio, que se sostiene en tensiones políticas y jurídicas internacionales sin resolución definitiva.