La percepción negativa sobre la gestión nacional se mantiene firme, con una aprobación que se mantiene en torno al 37% y un rechazo que se eleva al 60%, según la encuesta más reciente de la Universidad de San Andrés. Este escenario refleja una polarización política donde la desaprobación trasciende lo partidario para convertirse en una preocupación cotidiana para los ciudadanos.
Un dato relevante que aporta este estudio es el cambio en la percepción de los problemas sociales prioritarios. Durante años la inflación fue considerada el principal desafío, pero ahora las mayores inquietudes apuntan al deterioro salarial y a la escasez de empleo, cada uno señalado por el 37% de los consultados. La inflación, con un 22%, quedó relegada a un segundo plano frente a problemas más estructurales relacionados con la capacidad económica familiar.
Este cambio de foco revela la creciente ansiedad sobre la insuficiencia de ingresos y la seguridad laboral. Más de la mitad de los encuestados (56%) afirma haber sufrido un empeoramiento en su situación económica personal. Este dato alerta sobre la profundización de las dificultades cotidianas para cubrir necesidades básicas, afectando la estabilidad de los hogares.
En materia de política económica, la idea de avanzar hacia la dolarización ha perdido apoyo popular. Un 63% respalda la decisión de no implementar esta medida y casi la mitad prefiere continuar con el cobro en pesos. Esto indica un pragmatismo social que prioriza la estabilidad y el poder adquisitivo sobre cambios abruptos en el sistema monetario, reforzando el rechazo a propuestas que puedan generar más incertidumbre.
Además, el informe llega en un contexto en el que la imagen del gobierno se ha visto afectada por escándalos vinculados a figuras políticas de alto perfil. La polémica alrededor de Manuel Adorni, protagonista de controversias por uso de recursos estatales y vínculos con proveedores, añade un elemento adicional de desgaste para la gestión actual, complicando aún más su capacidad de recuperar confianza social.