El Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata dictó prisión perpetua para 11 exfuncionarios y represores involucrados en crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar. El fallo afecta a quienes actuaron en tres centros clandestinos donde se perpetraron secuestros, torturas, desapariciones forzadas y violencia sexual contra alrededor de 300 víctimas. Este juicio, que duró más de tres años, puso en primer plano el accionar represivo en la región bonaerense.

Además de los condenados que formaron parte del ejército y la policía bonaerense, también recibió la misma pena Jaime Lamont Smart, entonces ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires en el período juzgado. Otro condenado, Lucas Marcelo Castro, recibió una condena inferior en años de prisión. Entre los acusados figuran integrantes del Regimiento 7, la policía provincial y el Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército.

El proceso judicial incluyó la investigación y juzgamiento de 13 imputados, todos encontrados culpables. Mientras algunos condenados escucharon la sentencia desde sus domicilios por videollamada, las víctimas y sus representantes resaltaron la relevancia del fallo para la memoria y la justicia histórica. El tribunal confirmó que los crímenes formaron parte de un plan de genocidio.

Este juicio se inscribe en una serie de sentencias desde 2006 que reconocen la violencia sexual como parte del aparato represivo estatal durante la dictadura. La abogada que representa a las víctimas remarcó que el fallo contribuye a visibilizar el rol central del Regimiento 7 y la connivencia de actores civiles vinculados al poder judicial en la represión sistemática, que se centró en militantes estudiantiles, movimientos populares y obreros.

Uno de los sobrevivientes, referente de organizaciones sociales y comunicacionales, manifestó que este fallo representa un avance en la búsqueda de justicia tras más de cuatro décadas del fin de la dictadura y varios años de juicio contra los responsables. La condena reafirma que los hechos cometidos fueron delitos de lesa humanidad reconocidos oficialmente como parte del genocidio de aquel período.