Un amplio frente de dirigentes vecinales, sindicales y campesinos rechazó cualquier acercamiento al Gobierno de Bolivia durante un encuentro masivo en El Alto, centro de la crisis social y política que atraviesa el país. La convocatoria, conocida como el «Gran Cabildo por una Bolivia Libre y Soberana», terminó con la exigencia explícita de renuncia inmediata del presidente Rodrigo Paz.
La negativa a iniciar negociaciones representa un nuevo golpe para los esfuerzos oficiales por poner fin a un conflicto que completa más de treinta días consecutivos y que mantiene bloqueadas rutas esenciales. Estos cortes interrumpen seriamente el transporte y la distribución de medicamentos, combustibles y alimentos, generando un impacto económico y humanitario de creciente gravedad.
Además de ratificar la demanda de salida del presidente, los participantes aprobaron la declaración de un estado de emergencia movilizado permanente y anunciaron el fortalecimiento de sus medidas de presión. La decisión de no participar en ningún diálogo convocado por el Ejecutivo ahonda las fracturas en un escenario marcado por la escasez y la paralización casi total de servicios en varias regiones.
La interrupción de importantes corredores viales vinculados por la Administradora Boliviana de Caminos (ABC) refleja la magnitud del bloqueo, que afecta el flujo comercial y puede generar daños económicos de larga duración. Organismos internacionales expresaron su preocupación por el deterioro en las condiciones de vida de la población, mientras sectores empresariales prevén pérdidas millonarias debido a la prolongación del conflicto.
Este rechazo unánime al diálogo se produce en un contexto de creciente tensión social con el Gobierno responsabilizado por quienes protestan de la crisis económica y política. El respaldo contundente a la renuncia del presidente profundiza la incertidumbre y complica la posibilidad de mediación o acuerdos que permitan una salida pacífica a la coyuntura.