En Bolivia, las protestas sociales crecieron con fuerza este fin de semana, marcadas por bloqueos permanentes en distintas regiones, impulsados por campesinos, obreros e indígenas. Estas movilizaciones demandan la derogación del Decreto Supremo N. º 5503 y la salida del presidente Rodrigo Paz, en un contexto de conflicto en el que la represión policial dejó al menos dos manifestantes muertos en La Paz.

El Decreto Supremo N. º 5503, implementado a finales de 2025, consiste en un paquete de medidas que incluye un aumento desregulado de combustibles, la privatización de servicios públicos y un incremento salarial del 20%. Sin embargo, diversos sectores sindicales y campesinos rechazan la norma, pues la consideran favorable para grandes empresarios y corporaciones extranjeras, mientras empeora las condiciones económicas de la población.

La jornada más violenta ocurrió el sábado, cuando la policía intervino en los cortes de ruta y causó la muerte de dos manifestantes. La Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari calificó esta acción como un operativo violento y desproporcionado, denunciando que las fuerzas de seguridad reprimieron a manifestantes desarmados y calificaron el hecho como una «masacre».

Los bloqueos afectan rutas estratégicas y complican el abastecimiento en ciudades clave como La Paz y El Alto, profundizando la crisis social. En medio de este escenario, Estados Unidos manifestó su apoyo al gobierno de Rodrigo Paz, mientras Argentina envió asistencia humanitaria mediante aviones Hércules para atender las zonas afectadas por los bloqueos. Esta intervención internacional generó un aumento de la tensión política y una discusión sobre la soberanía y el manejo del conflicto social.

El expresidente Evo Morales criticó duramente la represión y cuestionó el accionar de las fuerzas armadas. Morales señaló que el Estado debería proteger los recursos naturales del país en lugar de reprimir a los sectores movilizados que rechazan las privatizaciones, advirtiendo que la respuesta estatal viola principios constitucionales.