Se formalizó una denuncia penal en contra de Javier Milei y su hermana Karina Milei por utilizar recursos públicos de manera sistemática en viajes de índole personal. La presentación fue realizada ante autoridades judiciales y cuestiona el manejo de fondos estatales destinados a desplazamientos que, según la acusación, carecen de justificación oficial.
La denuncia sostiene que existe un patrón reiterado en el uso de medios y recursos del Estado para trasladarse en ocasiones que no responden a actividades de gobierno. Los denunciantes argumentan que esta práctica constituiría un desvío de fondos públicos hacia fines privados.
El caso se enmarca en el escrutinio que enfrentan las autoridades nacionales respecto al uso de bienes y servicios estatales. La acusación apunta específicamente a la hermana del presidente, quien desempeña funciones en la administración pública, como co-responsable de estos movimientos cuestionados.