Una denuncia judicial cuestiona el destino de fondos públicos asignados para la infraestructura vial, señalando que recursos claves destinados al mantenimiento y reparación de rutas nacionales habrían sido desviados o reasignados, comprometiendo el estado y la operatividad de la red vial del país.

Según la presentación, este desvío se habría traducido en un deterioro acentuado de las carreteras, paralización de obras y una reducción significativa de las tareas de mantenimiento en corredores estratégicos, lo que a su vez impacta negativamente en la seguridad vial, la conectividad y la actividad económica local y regional.

La denuncia describe un posible esquema de “vaciamiento” y “colapso inducido” que debilita el sistema vial con efectos visibles en la creciente degradación de las rutas. Este contexto se agrava ante reclamos de provincias y municipios que alertan sobre el mal estado de las vías, especialmente tras eventos climáticos y el aumento del tránsito pesado.

El caso se enmarca en un debate político sobre la política de obra pública vigente bajo la administración actual, que ha priorizado la reducción del gasto estatal en infraestructura con el argumento de controlar el déficit fiscal. Críticos advierten que esta estrategia tiene consecuencias directas en el transporte, la producción y la seguridad de quienes transitan las rutas nacionales.

La denuncia busca que la Justicia investigue irregularidades en el manejo de partidas presupuestarias asignadas a Vialidad Nacional y determine si hubo responsabilidades administrativas o penales en el uso de esos recursos públicos. La investigación genera repercusiones políticas y amplifica el debate sobre la prioridad que se debe dar a la inversión en infraestructura vial en el país.