La iniciativa parlamentaria que busca reformar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada genera preocupación en la Asociación Forestal Argentina Regional Misiones (AFoAMi), que considera que las modificaciones propuestas van más allá de proteger la propiedad y podrían alterar la dinámica productiva y ambiental en Misiones.

AFoAMi advierte que el proyecto incorpora cambios profundos en aspectos vinculados al ordenamiento territorial, el acceso a la tierra y la protección de recursos naturales, materias que deberían abordarse de forma independiente y con la participación activa de las provincias afectadas. La organización destaca que preservar la propiedad privada es fundamental para garantizar seguridad jurídica, atraer inversiones y fomentar empleo, pero cuestiona que se utilice esta premisa para introducir reformas que afectan instrumentos claves, como la Ley Nacional 26.737 de Tierras Rurales, que limita la adquisición de tierras por extranjeros.

En Misiones, donde se concentra una gran superficie de bosque nativo y una importante actividad forestal y agroindustrial sustentada en pequeños y medianos productores, la tierra es vista no solo como un bien económico, sino como un recurso estratégico para el desarrollo productivo, la conservación ambiental y el arraigo social. AFoAMi sostiene que cualquier cambio legislativo debe equilibrar la seguridad jurídica con el fortalecimiento de estos sectores, que constituyen la base del crecimiento provincial.

El documento difundido por la entidad plantea seis principios para el debate sobre la tierra en Misiones:

  • Respeto absoluto a la propiedad privada y a la seguridad jurídica.
  • Reconocimiento de la tierra como un recurso estratégico para el desarrollo sostenible.
  • Apoyo a pequeños y medianos productores, cooperativas y pymes locales.
  • Regulación equilibrada de la compra de tierras rurales para garantizar un orden territorial justo.
  • Preservación de la soberanía en una provincia fronteriza.
  • Protección de bosques, reservas de agua y recursos naturales para las futuras generaciones.

La asociación enfatiza que las políticas relacionadas con la tierra deben fomentar oportunidades productivas sin comprometer los recursos naturales ni poner en riesgo la seguridad jurídica que sostiene las inversiones y el empleo regional.