La muerte de Lyhanna, una niña de 11 años, ha desatado una fuerte respuesta institucional en Francia, con un aumento de las investigaciones y la convocatoria de fiscales para revisar y acelerar casos relacionados con abusos infantiles. El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, convocó a los fiscales generales para buscar un abordaje más riguroso en las denuncias, mientras crecen las protestas sociales y los pedidos de dimisión al Gobierno.
El ministro del Interior, Laurent Núñez, reconoció que el caso es una tragedia que pudo haberse evitado y señaló que el principal sospechoso, Jérôme B., había estado bajo la lupa de la justicia en varios procedimientos anteriores. Las investigaciones administrativas ya están en marcha, y se espera que en las próximas horas o días se presenten nuevas denuncias contra el sospechoso.
Ante el clamor público, colectivos feministas y de defensa de la infancia organizan manifestaciones simultáneas frente a numerosos tribunales, incluyendo Auch y Toulouse. En paralelo, diputados de la coalición de izquierda La Francia Insumisa (LFI) solicitaron la renuncia del ministro Darmanin, argumentando fallas en la gestión del caso.
En la reunión convocada para el lunes por la mañana, Darmanin exigió a los fiscales generales revisar exhaustivamente todas las denuncias vigentes relacionadas con víctimas infantiles, estimadas en cerca de 70 mil. El ministro remarcó que ningún magistrado podrá ausentarse hasta completar este trabajo, demostrando así la urgencia y prioridad que el Gobierno quiere otorgar a estos casos.
El debate sobre la responsabilidad institucional no se limita a la justicia. Las críticas y movilizaciones sociales reflejan la preocupación por los mecanismos de protección infantil y las fallas en la prevención. La marcha blanca en homenaje a Lyhanna reunió miles de personas, evidenciando la repercusión que el caso tuvo en la sociedad francesa.