El Senado de la Nación recibió un dictamen favorable para el proyecto de ley que establece la inviolabilidad de la propiedad privada, impulsado por el Ministerio de Desregulación. Esta iniciativa combina reformas en varias leyes fundamentales, entre ellas la de Tierras Rurales, el Código Procesal Civil y Comercial, la Ley de Manejo del Fuego, la Ley de Expropiaciones y la Ley de Barrios Populares.

El paquete modifica los criterios para desalojos express, regula el manejo territorial frente a incendios, y redefine los procedimientos de expropiación y regularización urbana. Sin embargo, uno de sus aspectos centrales se enfoca en flexibilizar las restricciones existentes sobre la adquisición de tierras por parte de extranjeros y empresas extranjeras, lo que genera polémica entre organizaciones sociales y especialistas en política agraria.

Actualmente, la Ley de Tierras Rurales protege la soberanía alimentaria limitando la compra de tierras por personas físicas o jurídicas foráneas. La reforma propuesta elimina la restricción generalizada y la limita únicamente a Estados extranjeros o empresas estatales, permitiendo que estas últimas puedan adquirir tierras si presentan un plan de inversión que supuestamente beneficie el interés público, aunque sin criterios claros para evaluar los riesgos a la seguridad y soberanía nacional.

Grupos vinculados a movimientos campesinos y organizaciones territoriales advierten que esta flexibilización podría profundizar la concentración de la tierra y favorecer el despojo mediante la extranjerización. Señalan que ya existe un patrón preocupante de concentración en las zonas agrícolas más fértiles, lo que afecta la diversidad y sostenibilidad productiva. Estudios universitarios muestran que la oferta de frutas y verduras en algunas provincias no cubre las necesidades alimentarias mínimas, lo que refleja una producción cada vez más delimitada a monocultivos.

Además, las reformas al Código Procesal Civil y Comercial amplían las posibilidades para desalojos express, lo que reduce las garantías para sectores vulnerables y dificulta la defensa judicial frente a desalojos por tierras o viviendas. En paralelo, ajustes en la Ley de Manejo del Fuego y la Ley de Expropiaciones también apuntan a simplificar procedimientos, pero en un contexto de críticas que hablan de un retroceso en la protección ambiental y de los derechos territoriales de comunidades.

El debate legislativo continúa en el recinto, mientras organizaciones sociales se movilizan para denunciar que las modificaciones habilitan mayor extranjerización y incremento de la concentración de la tierra, en detrimento de las poblaciones rurales y de la soberanía nacional sobre recursos estratégicos.