El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) recibirá una partida extra de recursos para sostener su actividad, luego de que un juez federal ordenara al Gobierno asegurar su operatividad ante una crisis presupuestaria crítica en el organismo. La medida judicial surgió tras alertas por la falta de insumos básicos que ponían en riesgo la continuidad de los análisis de ADN vinculados a la identificación de personas apropiadas durante la última dictadura.

La Jefatura de Gabinete informó que otorgará una ampliación presupuestaria de una suma considerable, tras una medida cautelar dictada por el juez Alejo Ramos Padilla, quien definió al BNDG como un organismo “esencial e irremplazable”. Esta resolución surge luego de que la directora técnica del Banco, Mariana Herrera Piñero, denunciara públicamente la carencia de materiales fundamentales para el análisis genético y la toma de muestras.

En una instancia previa, representantes del BNDG, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y funcionarios de la Jefatura de Gabinete se reunieron para acordar la ampliación presupuestaria. Sin embargo, el Gobierno expresó su desacuerdo con la decisión judicial, argumentando que afecta el principio de división de poderes y cuestionando la difusión pública de las carencias por parte de Herrera Piñero.

No obstante, en el mismo informe oficial reconocido por la Casa Rosada se confirmaron importantes faltantes en áreas críticas del organismo, como reactivos, materiales para laboratorio, mantenimiento de equipos, limpieza, vigilancia y servicios básicos, incluyendo viáticos para el traslado de brigadas que recolectan muestras genéticas en distintas provincias. Según el expediente, la directora del BNDG había advertido sobre estos problemas desde hace meses sin recibir solución.

Creado a pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, el Banco Nacional de Datos Genéticos conserva más de 32 mil muestras vinculadas a la investigación de apropiaciones de bebés durante el terrorismo de Estado. Su rol es fundamental para que el Poder Judicial avance en procesos de reparación a víctimas de graves violaciones de derechos humanos.

Mientras el Gobierno sostiene un ajuste generalizado en varias áreas públicas con el argumento de restricciones financieras, la intervención judicial se impuso para evitar la paralización de un organismo esencial en las políticas de memoria, verdad y justicia.