El Congreso boliviano aprobó la derogación de una ley que impedía la participación militar en conflictos civiles, una medida impulsada para responder a la crisis social que mantiene paralizadas varias regiones por protestas y bloqueos. Esta decisión refleja la gravedad del escenario que vive Bolivia, donde la presión social exige la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La norma, que había recibido media sanción en el Senado, quedó lista para ser promulgada por el Poder Ejecutivo. No obstante, el Gobierno aclaró que esto no significa la declaración automática de un estado de excepción, considerada una última alternativa si el diálogo con los sectores movilizados fracasa. La sesión parlamentaria se extendió por más de cinco horas y fue virtual debido a las dificultades para que varios legisladores pudieran llegar hasta La Paz, la capital administrativa, aislada por bloqueos y cortes de rutas.
La ley derogatoria, impulsada por el diputado opositor Carlos Alarcón, buscaba eliminar lo que calificó como una norma «criminal» vigente desde 2020 que restringía la acción militar frente a disturbios violentos y desnaturalizaba los estados de excepción cuando la Policía era incapaz de contenerlos. Sin embargo, la medida no está exenta de críticas. Desde sectores disidentes del oficialismo, como el legislador Edwin Valda, se advirtió que la flexibilización podría aumentar la violencia y dejar sin protección las legítimas demandas sociales, en un contexto donde ya se registraron muertos y denuncias por represión en operativos para despejar las carreteras.
Las protestas, lideradas por sindicatos campesinos, organizaciones sociales y grupos afines al expresidente Evo Morales, se concentran principalmente en La Paz y El Alto. Además, los bloqueos se han extendido a ciudades como Cochabamba, Oruro, Potosí, Santa Cruz y Chuquisaca, generando desabastecimiento de alimentos, combustible y medicinas en diversas zonas del país.