El gobierno de Camerún reveló la existencia de casi 200 operaciones mineras artesanales ilegales en las regiones Este y Adamawa, donde más del 95% de estas explotaciones están controladas por empresas extranjeras. Las autoridades exigieron la inmediata suspensión de estas actividades, aunque no anunciaron sanciones legales ni procesos judiciales contra los responsables.
Esta acción gubernamental responde a una investigación que evidenció una discrepancia alarmante entre las cifras oficiales de producción y exportación de oro camerunés y los registros en los países importadores. El Estado reportó la exportación de solo 22,3 kilogramos de oro en un año, mientras que otros países, especialmente los Emiratos Árabes Unidos, declararon haber importado más de 15 toneladas del mineral desde Camerún. Esta diferencia sugiere la existencia de un sistema de contrabando masivo fuera del control estatal.
El predominio de empresas chinas entre las minas ilegales detectadas apunta a la integración de estas actividades en cadenas globales de suministro que operan con estructuras complejas. Aún no se aclaró cómo estas compañías extranjeras lograron instalarse y funcionar durante años sin que las autoridades las detectaran, lo que indica posibles complicidades o corrupción a nivel local.
Camerún implementó un nuevo código minero en 2023 con la intención de reforzar la regulación del sector extractivo. Sin embargo, expertos en crimen organizado en África Central advierten que la persistencia de corrupción y la influencia de élites limitan efectivamente la aplicación de la ley, permitiendo que el contrabando continúe y que gran parte del oro extraído judicialmente no se registre oficialmente.
Estas operaciones ilícitas venden su producción directamente a redes informales, lo que genera una evasión sistemática de impuestos y significativas pérdidas económicas para el Estado camerunés, estimadas en cientos de millones de dólares anuales.