El juicio por delitos de lesa humanidad en Neuquén y la región avanzó con la apertura del alegato de la fiscalía, que pidió a los jueces evaluar la evidencia acumulada y aplicar el derecho para esclarecer los crímenes cometidos durante la dictadura. Se trata del noveno tramo de esta causa emblemática que investiga secuestros, torturas y desapariciones forzadas ocurridas entre 1976 y 1979.

Durante la audiencia, el equipo fiscal reveló antecedentes inéditos del expediente, mostrando documentos de inteligencia del Destacamento 181 y el Batallón 601 donde figuraban jóvenes señalados como “subversivos” desde mediada la década del 70, muchos de los cuales luego sufrieron detención y tormentos en centros clandestinos. De esta manera, se reconstruyó el entramado represivo que operó contra la región patagónica.

El foco principal del alegato estuvo puesto en La Escuelita, el centro clandestino de Neuquén, donde se demostró que al menos 64 personas fueron detenidas y torturadas. También se presentaron informes sobre otros puntos de detención ilegales en Bariloche, San Martín de los Andes y Junín de los Andes, donde participaron fuerzas del Ejército, la Gendarmería y policías provinciales. La fiscalía informó que los tormentos involucraron a detenidos en dependencias militares y policiales, incluso en comisarías de Catriel, en la zona petrolera rionegrina.

Entre los casos expuestos, destacaron los de personas desaparecidas como Carlos Magariños y Juan Raúl Pichulmán, junto al testimonio de sobrevivientes que sufrieron cautiverio y violencia física, como Matilde Segura, María Ester Sepúlveda y Amalia Cancio, entre otros. Estos relatos permitieron dimensionar la violencia sistemática ejercida durante la última dictadura.

La fiscalía continuó con la exposición de otras víctimas y anunció que volverá a presentar nuevos casos, incluyendo tres desapariciones forzadas ocurridas en Cipolletti, en la audiencia prevista para el 30 de julio. Ese día también se solicitará formalmente la pena para los ocho acusados, quienes están imputados por su responsabilidad en los secuestros y torturas agravados.

Tras la presentación fiscal, las defensas tendrán dos días para realizar sus alegatos. cabe mencionar que los imputados participan de la audiencia de forma virtual. El tribunal anunció que el veredicto se conocerá el 25 de agosto, fecha que marcará una nueva etapa en la memoria judicial de las violaciones de derechos humanos en la Patagonia.