La transferencia de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires desató un paro sindical promovido por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que alerta sobre el impacto negativo en el fuero laboral y la estabilidad del personal judicial. Para el sindicato, esta medida implica un desmantelamiento del fuero, poniendo en riesgo la continuidad y autonomía de un sistema clave en la resolución de conflictos laborales.
El proyecto de traspaso ha encontrado obstáculos legales que suspendieron temporalmente su implementación. Entre las críticas se menciona la reducción prevista de los juzgados nacionales, que pasarían de ochenta a aproximadamente una decena en la Ciudad. Además, sectores de magistrados cuestionan la intención detrás del cambio, temiendo que conduzca a la designación de jueces afines al gobierno local y a la pérdida de independencia judicial.
En paralelo al rechazo al traslado del fuero laboral, la UEJN mantiene un plan de lucha por la recomposición salarial y mejores condiciones laborales. Reclaman no solo ajustes que alcancen el nivel de inflación actual, sino también la recuperación del poder adquisitivo perdido en años anteriores. También exigen el nombramiento de representantes en la obra social del sector. Estas demandas han impulsado una serie de paros y movilizaciones que podrían continuar en el corto plazo.
La controversia pone en evidencia un conflicto profundo entre el Estado nacional, el gobierno de la Ciudad y los empleados judiciales, que preocupa por sus posibles efectos en la garantía constitucional del derecho laboral y la autonomía judicial. La pausa legal que frenó la transferencia no aplaca el malestar sindical, que insiste en la necesidad de diálogo y soluciones acordadas para evitar un deterioro del sistema.