La crisis social y política en Bolivia se intensificó en una nueva jornada en la que miles de manifestantes protagonizaron violentos enfrentamientos con fuerzas de seguridad en el centro de La Paz. La Policía recurrió a gases lacrimógenos para dispersar a quienes intentaban avanzar hacia la Plaza Murillo, epicentro del poder estatal donde se encuentran la Casa de Gobierno y el Congreso nacional.
Los manifestantes, liderados por sindicatos y sectores afines al expresidente Evo Morales, rechazaron el llamado al diálogo propuesto por el Gobierno y exigieron la renuncia del mandatario Rodrigo Paz. Durante las protestas, uno de los manifestantes resultó herido y hubo alrededor de 90 arrestos, según confirmaron las autoridades en operativos realizados en diferentes puntos de la capital.
La Plaza Murillo fue fuertemente custodiada por militares y policías, mientras los manifestantes intentaron romper las vallas de seguridad usando petardos, piedras, palos e incluso dinamita, según reportes locales. En paralelo, la Fiscalía General ordenó la detención de Mario Argollo, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) y referente clave de las protestas, tras investigaciones impulsadas por el Ministerio de Gobierno y fuerzas de inteligencia.
Esta crisis se originó hace aproximadamente dos semanas cuando organizaciones sindicales, vecinales e indígenas comenzaron a reclamar un aumento salarial del veinte por ciento y la salida de Paz, quien asumió hace seis meses. La movilización derivó en bloqueos de rutas y accesos estratégicos en La Paz y El Alto, generando dificultades en el suministro de combustible, alimentos y medicamentos en varias zonas del país.
El Gobierno alertó sobre la presencia de grupos armados entre los manifestantes, mencionando sectores radicalizados como los “Ponchos Rojos”, una facción campesina aimara vinculada al entorno de Morales. El vocero presidencial advirtió que algunos manifestantes habrían pasado al uso de armas y difundieron mensajes que incitan a una “guerra civil”.
Ante este escenario, las autoridades mantienen un contundente operativo de seguridad alrededor de los edificios gubernamentales en La Paz para controlar posibles nuevos incidentes, mientras la crisis continúa generando un clima de incertidumbre y tensión en el país.