El Banco Central reafirmó la continuidad del cepo cambiario para personas jurídicas, dejando atrás las expectativas de una unificación cambiaria en el corto plazo. La prioridad de la autoridad monetaria es asegurar divisas para el comercio exterior antes que para la formación de activos en dólares, según explicó su presidente Santiago Bausili en una conferencia de prensa. Esta postura confirma que las restricciones actuales se mantienen vigentes sin modificaciones profundas.
El esquema vigente afecta directamente la operativa financiera y comercial de las compañías, imponiendo un complejo conjunto de regulaciones según el tipo de transacción. En el caso de las importaciones, las empresas deben cumplir con cronogramas escalonados para acceder al mercado oficial de cambios (MULC), lo que las obliga a financiar sus operaciones con recursos propios o financiación externa en muchos casos. En servicios, los pagos a empresas vinculadas entre sí se enfrentan a un plazo obligatorio de espera de 90 días, a diferencia de pagos a terceros que cuentan con más flexibilidad.
Respecto a la deuda financiera, las obligaciones con casas matrices adquiridas antes de diciembre de 2023 continúan bloqueadas en el mercado oficial y deben gestionarse a través de títulos Bopreal. Para nuevos créditos, se permite el pago de intereses, pero la cancelación del capital está condicionada a un período mínimo de vida promedio de la deuda, limitando así la movilidad financiera inmediata.
En el ámbito financiero, el Banco Central aplica una llamada "restricción cruzada" que impide a quienes compran dólares en el mercado oficial realizar operaciones en mercado paralelo como el dólar MEP o Contado con Liquidación (CCL) durante 90 días. Esta medida busca evitar el arbitraje entre diferentes cotizaciones y frenar el giro de utilidades al exterior. Además, la transferencia de dólares a cuentas en el extranjero requiere la firma de una declaración jurada que compromete al firmante a no comprar dólares en el mercado oficial durante un plazo determinado.
Estas limitaciones generaron debates políticos y financieros poco después de que el exministro Domingo Cavallo recomendara eliminar las restricciones cambiarias para favorecer la renovación de deuda a tasas moderadas y mejorar el riesgo país. Sin embargo, el ministro de Economía y el propio presidente rechazaron esa propuesta, defendiendo el esquema gradual como un freno necesario ante las experiencias de crisis anteriores.
Este conjunto regulatorio mantiene así un control estricto sobre la movilidad de capitales, afectando tanto la gestión diaria de empresas como la estrategia financiera frente a un mercado cambiario fragmentado. El enfoque del Banco Central privilegia la estabilidad del sector externo, considerando que garantizar divisas para el comercio y la deuda pública es prioritario frente a la libre circulación de divisas para la formación de activos o giro de utilidades.