El Estado decidió dejar de financiar los pasajes gratuitos en micros de larga distancia para personas con discapacidad, trasplantados y niños con cáncer, trasladando la responsabilidad económica a las compañías de transporte. La medida se oficializó mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, que deroga el esquema de compensaciones que hasta ahora recibían las empresas.
El cambio responde a una nueva política regulatoria que elimina las bandas tarifarias y promueve la libertad para que los transportistas fijen sus precios de manera independiente. Según el gobierno, esta desregulación permite a las empresas incorporar el costo de los pasajes gratuitos dentro de su estructura de costos sin necesidad de subsidios estatales.
La resolución precisa que el derecho a viajar sin cargo para los grupos mencionados, amparado por leyes nacionales, sigue vigente y exigible frente a los transportistas. Por lo tanto, las compañías de micros deberán garantizar la gratuidad sin recibir más compensaciones estatales.
Para supervisar que se cumpla con esta obligación, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) mantendrá los controles y fiscalizaciones sobre las empresas. La medida comenzó a regir a partir de la publicación oficial, aunque contempla continuar con el pago de subsidios ya devengados antes de esta fecha.
Este ajuste forma parte de un giro regulatorio impulsado por el gobierno, que busca simplificar el sistema tarifario y fomentar la competencia en el sector de transporte interjurisdiccional, tras una etapa previa en contexto de emergencia que exigía fuertes controles y subsidios estatales.