El Gobierno Nacional envió al Congreso un pedido formal para derogar la Ley de Etiquetado Frontal, conocida oficialmente como Ley de Promoción de la Alimentación Saludable N° 27.642. La iniciativa, ingresada al Senado con las firmas del presidente, jefe de Gabinete y ministro de Salud, apunta a reemplazar el marco actual por una regulación que consideran más ajustada a criterios técnicos y adaptables.

El Ejecutivo fundamenta su solicitud señalando que la normativa vigente, basada en los parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), mostró diversas fallas técnicas, regulatorias y operativas, además de generar impactos económicos negativos. Según el proyecto, su derogación permitiría eliminar los octógonos negros de advertencia y las restricciones en publicidad, entornos escolares y el uso de personajes infantiles en los envases desde la publicación en el Boletín Oficial.

Entre las críticas del Gobierno, destaca que el sistema actual aplica parámetros homogéneos sobre alimentos muy diversos sin tener en cuenta las porciones reales ni la densidad nutricional. Esto provoca que productos tradicionales y saludables reciban advertencias similares a las de ultraprocesados, lo que genera confusión en el consumidor. Además, la estructura binaria vigente no incentiva mejoras graduales en la composición de los productos dentro de una misma categoría, limitando los avances de la industria alimentaria.

La propuesta también señala que la falta de armonización regional en materia de etiquetado frontal afecta la operatividad en el Mercosur. Las empresas, en especial las pequeñas y medianas, deben producir envases diferenciados para cumplir con distintas normativas nacionales, lo que encarece procesos y dificulta la comercialización.

Otro punto clave es la rigidez de la ley actual, que según el Ejecutivo impide adaptaciones rápidas y dinámicas frente a nuevos consensos científicos o las actualizaciones de las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA). A pesar de la derogación, el proyecto aclara que se mantendrán las obligaciones tradicionales de informar sobre los valores nutricionales en los productos envasados.