El proyecto de ley impulsado por el gobierno nacional que busca declarar la inviolabilidad de la propiedad privada redefine el marco legal sobre la tierra en favor de intereses privados, debilitando la capacidad del Estado para regular la propiedad pública y comunitaria. Más que proteger al ciudadano común, esta iniciativa propone modificar o anular normas clave que regulan la expropiación, la defensa de territorios sociales y la actividad de empresas recuperadas bajo gestión cooperativa.
Esta norma no solo facilita la acumulación de tierras por medio de la desposesión, sino que también habilita desalojos rápidos que atentan contra empresas autogestionadas y cooperativas productivas que funcionan en espacios declarados de utilidad pública. El proyecto ataca de manera transversal diversas leyes existentes relacionadas con la protección ambiental, territorial y social, dejando sin efecto elementos fundamentales de esas normativas sin necesidad de derogarlas directamente.
Entre los cambios más significativos, se encuentran alteraciones a la Ley de Expropiaciones y la derogación de la ley de emergencia de tierras indígenas, además de debilitar la Ley de Glaciares y la regulación sobre manejo del fuego. También se reduce el alcance de la legislación que restringe la propiedad extranjera en el país. El proyecto amplía la aplicación del Registro de Información de la Tierra (RIGI) y prepara el terreno para un denominado “Super RIGI”, que consolida el avance corporativo sobre tierras hasta ahora parcialmente protegidas.
Este marco legal responde a una estrategia más amplia para facilitar la extranjerización, la privatización y la explotación intensiva de territorios, principalmente en sectores destinados a megaproyectos extractivos. La ley condensa en un solo cuerpo reglamentaciones fragmentadas que, bajo esta nueva lectura, pierden su eficacia para proteger intereses sociales o ambientales.
La iniciativa genera una tensión directa con la defensa de lo público, ya que afecta la posibilidad de uso comunitario de la tierra para producción primaria, vivienda o actividades laborales, cuestión crucial para las organizaciones sociales y cooperativas de trabajadores.