En respuesta a la prolongada demora para cubrir cargos judiciales vacantes, el Ejecutivo nacional envió al Senado un conjunto de 45 pliegos destinados a nombrar fiscales y jueces en distintas jurisdicciones, con especial atención a Corrientes. La provincia, afectada por desafíos en materia de seguridad fronteriza y tráfico ilícito, recibirá propuestas para tres cargos fundamentales en el ámbito federal.
Entre los aspirantes más destacados en Corrientes figura Juan Marcelo Burella Acevedo, postulado para la Fiscalía Federal de la capital provincial. Asimismo, se incluye a Hugo Daniel Froy, designado para la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, zona clave por su rol en la seguridad y el comercio exterior. Finalmente, el paquete contempla a Patricio Nicolás Sabadini como candidato para la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, institución que tiene jurisdicción sobre tribunales correntinos. Estos nombramientos buscan superar el bloqueo que había dejado sin quórum en la Comisión de Acuerdos para avanzar con la designación de magistrados en esas provincias.
El paquete enviado al Senado no se limita a Corrientes. A nivel nacional, incluye cargos de alto perfil político y estratégico. El más relevante es el de Tomás Rodríguez Ponte, actual director del organismo encargado de las escuchas judiciales, quien se propone para cubrir el juzgado federal 2 en Lomas de Zamora, sede que controla el aeropuerto de Ezeiza y está relacionado con investigaciones por lavado de dinero en el fútbol profesional.
La nómina también contempla candidatos que representan vínculos con distintos gobernadores y sectores judiciales. En Rosario, por ejemplo, se postula a Florentino Malaponte, cercano al gobernador Maximiliano Pullaro. Para la justicia laboral se propone a Víctor Pesino, juez con antecedentes en la validación de reformas laborales, lo que supone un guiño directo al sector empresario. Entre los pliegos polémicos se encuentran los de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, y Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia, ambos en búsqueda de continuidad en sus cargos.
La estrategia oficial se apoya en el objetivo de resolver la alta tasa de vacantes judiciales, que afecta a más de un tercio de los juzgados del país. Para ello, se encomendó a la senadora Patricia Bullrich consolidar los acuerdos necesarios dentro del Senado. El Gobierno prioriza la federalización en la designación de jueces y fiscales como modo de lograr consensos y destrabar la parálisis en la Comisión de Acuerdos, además de responder a las urgencias de las provincias.