La inteligencia artificial (IA) ya forma parte de la operación de distintos tribunales y organismos judiciales en Argentina, aunque su implementación ocurre de manera dispersa y sin un marco normativo unificado. Un informe de CIPPEC confirmó que este tipo de tecnología alcanza a casi una quinta parte del Poder Judicial gracias a regulaciones específicas en algunas provincias y fueros, pero la ausencia de legislación nacional pone en alerta sobre posibles problemas legales y éticos.

En varias jurisdicciones, el empleo de IA ha mostrado avances concretos en eficiencia y productividad. En Córdoba, por ejemplo, desde noviembre de 2024 se emplea Jurisemia para la búsqueda de jurisprudencia. El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires inició en 2017 con Prometea, una herramienta que aumentó notablemente la cantidad de casos procesados mensualmente y redujo el tiempo para redactar resoluciones utilizando ChatGPT desde mayo de 2024. En tanto, el Ministerio de Justicia de la Nación llevó a cabo un piloto de IA generativa que tuvo una amplia aceptación entre profesionales del sector.

Pese a este dinamismo, el Congreso Nacional no ha aprobado ninguna de las numerosas propuestas legislativas sobre IA judicial presentadas desde 2016. En consecuencia, varias provincias como Santa Fe, San Juan y Río Negro han desarrollado sus propios protocolos, mientras que entidades como el Consejo de la Magistratura porteño y la Suprema Corte de Buenos Aires trabajan en guías y acuerdos con organismos internacionales para manejar esta tecnología. Esto refleja la fragmentación actual ante la falta de una política pública coordinada.

Desde una perspectiva internacional, el uso de IA en sistemas judiciales se encuentra mayoritariamente en la gestión y organización de expedientes. El Consejo de Europa ha identificado 125 sistemas activos en 44 países, pero solo una minoría cuenta con regulaciones específicas, entre ellas Brasil, Colombia, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos. Según la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia, los sistemas más eficientes no dependen tanto de la sofisticación técnica como de una adecuada gobernanza y supervisión humana, elementos que aún deben fortalecerse en Argentina.

El informe de CIPPEC alerta sobre las vulnerabilidades asociadas, en especial en un contexto local marcado por baja confianza pública en la justicia y altos índices de percepción de corrupción. Entre los riesgos señalados están la protección insuficiente de datos personales, la reproducción de sesgos en las decisiones automatizadas y la circulación de información errónea. Por ello, la organización plantea la necesidad de una agenda que priorice la transparencia, la supervisión rigurosa y el respeto a los derechos fundamentales.