El gobierno de Entre Ríos implementó una reforma en el sistema de servicios adicionales para la Policía provincial con el objetivo de transparentar la gestión de fondos y garantizar el cumplimiento efectivo de las funciones de seguridad pública. La medida surge en medio de una investigación judicial sobre la administración de los recursos correspondientes a estos servicios.
Antes, la normativa vigente permitía que oficiales realizaran adicionales incluso mientras estaban de guardia, lo que generaba dudas sobre la adecuada prestación de sus tareas ordinarias. La nueva regulación prohíbe tajantemente esta práctica, limitando el desarrollo de servicios extra a agentes que se encuentren en situación de franco. Además, contempla mejoras salariales para quienes presten estos trabajos de forma legítima.
Esta reestructuración se sostiene en un análisis jurídico integral realizado por diferentes áreas legales provinciales, que concluyó que mantener la modalidad anterior podía comprometer la seguridad pública y la correcta administración de los fondos. Así, se derogó el decreto previo que autorizaba horarios simultáneos y se publicó una nueva disposición que regula estrictamente el sistema de adicionales.
En paralelo, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos colabora activamente con la fiscalía en la investigación abierta a raíz de denuncias sobre presuntas irregularidades en el manejo de los recursos provenientes del servicio adicional. Durante esta etapa, se secuestró documentación relevante que será analizada minuciosamente.
Desde la cartera oficial aclararon que no se aplicarán represalias ni sanciones a las personas que hayan presentado las denuncias, en defensa del derecho a la denuncia y la transparencia. Asimismo, recordaron que rige el principio de inocencia para los funcionarios involucrados, y que serán las instancias judiciales las encargadas de definir responsabilidades.