Los trabajadores estatales y docentes de la provincia de Buenos Aires aprobaron una propuesta salarial que contempla un aumento total del 7% distribuidos en dos tramos: un 5% en julio y otro 2% en agosto, aplicados sobre los salarios de junio. Esta decisión se concretó tras un mes de negociaciones entre los gremios y el gobierno provincial, luego de que la oferta inicial hubiera sido rechazada.

El acuerdo incluye además un conjunto de medidas para reforzar la seguridad y el resguardo de los docentes en sus lugares de trabajo, un reclamo histórico del sector. La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) destacó que la paritaria incorpora una adenda al “Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación por hechos de violencia y acoso” hacia los trabajadores, además de la creación de una mesa de trabajo específica dentro de la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad (CJM).

En cuanto a los estatales, los gremios UPCN BA y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) aceptaron el aumento salarial y resaltaron la inclusión de cláusulas importantes para la estabilidad laboral, como el pase a planta permanente de más de 8.000 trabajadores que ingresaron en la modalidad temporaria durante los últimos dos años. Para los auxiliares de educación la suba alcanzó un 9%, con un 5% en julio y un 4% en agosto.

Los salarios docente quedaron así:

  • Preceptor con 10 años de antigüedad: $855.757 en julio y $885.901 en agosto.
  • Maestro de grado con 10 años de antigüedad: $990.793 en julio y $1.018.575 en agosto.
  • Profesor/a por hora cátedra nivel medio con 10 años de antigüedad: $1.348.905 en julio y $1.380.137 en agosto.
  • Maestro de grado más quinta hora con 10 años de antigüedad: $1.236.347 en julio y $1.268.805 en agosto.
  • Maestro de grado jornada completa con 10 años de antigüedad: $1.982.586 en julio y $2.037.149 en agosto.

La presidenta de la FEB valoró el acuerdo como resultado de un esfuerzo conjunto aunque admitió inquietudes dentro del sector más allá de lo salarial. El foco puesto en la prevención de la violencia laboral es clave para el gremio, que viene solicitando mayores garantías para el personal docente desde hace varios años.