El fiscal federal Diego Luciani solicitó el decomiso del departamento ubicado en el barrio porteño de Constitución donde la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria, como parte del proceso para recuperar activos relacionados con la causa Vialidad. Esta medida se inscribe en una etapa ampliada de decomisos con el objetivo de recuperar más de 685 mil millones de pesos considerados perjuicio al Estado.
El pedido incluye, además del departamento, un total de 141 inmuebles, 46 vehículos y diversos bienes financieros, entre los que se destacan más de 4,6 millones de dólares en una caja de seguridad vinculada a Florencia Kirchner y otros montos en cuentas bancarias. También forman parte de esta presentación bienes emblemáticos como el hotel Alto Calafate, el hotel La Aldea de El Chaltén, varias propiedades en Santa Cruz y el chalet de la costanera de Río Gallegos, todos señalados en la investigación por la adjudicación irregular de obras públicas en esa provincia entre 2003 y 2015.
El fiscal argumentó que los condenados no realizaron ningún pago para cubrir el monto reclamado por la Justicia y destacó que el patrimonio detectado evidencia «fortunas desproporcionadas» en relación con sus ingresos declarados. Ahora, el Tribunal Oral Federal N° 2 deberá decidir si incorpora estos activos al proceso de decomiso vigente. Mientras tanto, la defensa de Fernández de Kirchner continúa presentando recursos para intentar bloquear esta ejecución patrimonial.