Varios personajes destacados dentro del oficialismo y ex miembros de La Libertad Avanza, incluyendo al ministro Federico Sturzenegger y al exdiputado José Luis Espert, han recurrido al Régimen Simplificado de Ganancias. Este régimen forma parte de la denominada ley de Inocencia Fiscal y concede un régimen especial que limita la fiscalización detallada sobre la evolución patrimonial de quienes se acogen a él.
Al inscribirse en este sistema, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) queda imposibilitada legalmente de investigar en profundidad el origen o los cambios en los bienes y fondos de los contribuyentes. En la práctica, la normativa opera como una especie de amnistía tributaria, que exime a sus beneficiarios de justificar movimientos financieros o activos que no habían sido registrados antes.
Este uso del régimen simplificado por parte de funcionarios públicos y teóricos del actual modelo económico genera una tensión con el discurso oficial, que originalmente prometía transparencia y una cruzada moral contra los privilegios fiscales. Entre quienes se acogen a este mecanismo se encuentra también el jefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa, figuras cuestionadas por denuncias de corrupción, lo que acentúa la percepción de un doble estándar en el manejo fiscal.
La paradoja es evidente: mientras el ciudadano común y las pequeñas y medianas empresas enfrentan una presión tributaria rigurosa bajo control estricto, miembros de la élite política obtienen un blindaje legal que limita el escrutinio público y fiscal. Esto pone en entredicho la credibilidad y el compromiso de transparencia que la administración había proclamado como eje fundamental.
La confianza social requiere que los patrimonios de quienes detentan el poder sean abiertos y sujetos a una meticulosa rendición de cuentas. La existencia de mecanismos que permiten resguardar fortunas bajo un paraguas de opacidad legalizada mina ese principio y dificulta el avance hacia una mayor limpieza institucional.