La conmoción causada por el caso Lyhanna, una niña de 11 años cuya muerte ha puesto en evidencia fallas en la protección de menores, llevó al primer ministro francés a reunir a un grupo selecto de ministros para debatir medidas urgentes. En la reunión, celebrada en Matignon, se buscó definir respuestas concretas frente a la violencia sexual infantil y las deficiencias del sistema judicial.

El principal sospechoso del caso acumulaba denuncias previas por abuso sexual, pero la investigación sobre una de ellas, presentada meses antes, no avanzó con la celeridad requerida. Esta realidad ha provocado una ola de protestas en todo el país, con manifestantes congregándose frente a tribunales en más de 160 ciudades, demandando mayor eficacia en el abordaje de estos delitos.

La carta pública difundida por el primer ministro destacó el miedo y la incomprensión que ha generado la tragedia, así como la necesidad urgente de corregir las disfunciones detectadas. Entre los puntos debatidos estuvieron el endurecimiento de las penas para violadores en serie, la modificación de los plazos de prescripción, la mejora en la comunicación con las víctimas durante todo el proceso judicial y la exigencia de que los motivos para rechazar denuncias o investigaciones queden debidamente fundamentados.

Estas iniciativas serán parte de un proyecto de ley sobre protección infantil, presentado recientemente ante el Consejo de Ministros y que el Ejecutivo planea someter a aprobación parlamentaria en julio. Según fuentes oficiales, aunque las reformas legislativas son indispensables, el Gobierno reconoce que no bastan para resolver todas las problemáticas, lo que también requiere cambios en procedimientos y sensibilización social.

La presión social aumentó tras las masivas protestas del lunes, donde miles de personas, incluyendo niños, participaron frente a tribunales y sedes gubernamentales, con la presencia de diversas asociaciones feministas y de defensa de la infancia. Representantes de estas organizaciones han denunciado que no se prioriza adecuadamente la persecución de delitos sexuales contra menores, lo que tensiona aún más al Ejecutivo.