Una amplia movilización de gremios estatales, docentes, judiciales, municipales y organizaciones de jubilados reunió a cientos de personas frente a la sede de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos. La protesta fue una reacción directa a la propuesta de reforma del sistema previsional provincial, que generó rechazo unificado y fuertes críticas al gobierno provincial y a sectores sindicales afines al oficialismo.

Con pancartas, bombos y cánticos, los manifestantes expresaron su rechazo a la reforma impulsada por el Ejecutivo entrerriano, advirtiendo que el proyecto implicaría un ajuste sobre los jubilados y trabajadores activos. A lo largo del acto, se cuestionó el discurso oficial que culpabiliza a los empleados públicos del déficit previsional y se defendió la vigencia de la Ley 8732, que regula el régimen jubilatorio local.

El secretario general de AGMER, Abel Antivero, reafirmó el compromiso del sindicato con la defensa del sistema y denunció el enfoque empresarial que se intenta imponer sobre la Caja. Antivero anunció que desde su organización señalarán y ejercerán presión pública sobre los legisladores que respalden la reforma, anticipando una «condena social» para quienes voten en contra de los derechos laborales y previsionales. En sus palabras, subrayó que la Caja de Jubilaciones «no se toca» y que defenderán «la dignidad de la clase trabajadora» frente a un supuesto embate del poder político.

Por su parte, el secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, sostuvo que la multisectorial representa a la mayoría de las organizaciones sindicales provinciales y rechazó acusaciones de «traición» contra los trabajadores. En tanto, la protesta también dejó en evidencia una marcada tensión con UPCN y su secretario general, José Ángel Allende, a quien los manifestantes confrontaron con expresiones de rechazo por su respaldo a la gestión del gobierno.

La movilización dejó en claro un ambiente de fuerte confrontación política y sindical, con un claro llamado a la resistencia popular contra la modificación del sistema jubilatorio. Los distintos oradores denuncian que el Ejecutivo busca instalar un discurso divisorio entre trabajadores y sociedad, mientras advierten que el proyecto de reforma generaría un impacto negativo sobre los derechos adquiridos por los jubilados y pensionados provinciales.