El presidente Javier Milei lanzó una reforma estructural a la Carta Orgánica del Banco Central que busca acabar con más de nueve décadas de financiamiento del gasto público mediante la emisión monetaria. La medida, según explicó en una entrevista, apunta a proteger el valor de la moneda y evitar que el Banco Central financie directamente al Tesoro Nacional.

La iniciativa incluye varias modificaciones profundas, como la prohibición de que el Banco Central entregue recursos al Tesoro, la eliminación de las letras intransferibles y nuevas reglas para la distribución de las utilidades, enfocadas en fortalecer la capitalización real del organismo y evitar “utilidades ficticias”. Además, prevé blindar la gestión del BCRA para garantizar la estabilidad y la independencia de sus autoridades, dificultando su remoción.

Milei destacó que la reforma busca cerrar un capítulo de «91 años de abuso monetario» que ha impactado negativamente sobre el sector privado a través de la inflación. En este sentido, remarcó que con el cambio se espera recuperar el valor de la moneda y fomentar la confianza en la economía nacional.

Cifras oficiales y proyecciones asociadas a la propuesta reflejan un panorama optimista: el presidente aseguró que la economía podría crecer a tasas del 7 u 8 por ciento, con la posibilidad de duplicar el Producto Bruto Interno (PBI) en diez años y cuadruplicarlo en dos décadas, apoyado en los máximos históricos recientes de consumo privado, exportaciones y producción.

Sin embargo, la reforma no ha estado exenta de críticas. Desde la oposición, Mercedes Marcó del Pont cuestionó la visión de Milei sobre la política monetaria y subrayó que no puede ser un instrumento aislado en la gestión económica, advirtiendo sobre los riesgos de enfrentar la inflación solo con este tipo de medidas.

Paralelamente, el gobierno explora la implementación de un mecanismo similar al “shutdown” estadounidense, que podría afectar la administración pública y restringir derechos económicos y sociales. El constitucionalista Andres Gil Dominguez advirtió que este modelo no encaja con el marco legal argentino y podría perjudicar principalmente a los sectores más vulnerables.

Este paquete de reformas refleja una apuesta fuerte del Ejecutivo por modificar radicalmente el rumbo económico del país, pero plantea interrogantes acerca del alcance de sus efectos y la manera en que se llevarán a cabo en la práctica.