Konstantin Rudnev, acusado de trata de personas, ya cumple prisión domiciliaria en San Vicente, provincia de Buenos Aires. El traslado desde la Unidad 6 de Rawson, donde estuvo más de un año detenido, implicó un operativo terrestre que generó controversia debido a las condiciones del viaje y al delicado estado de salud del imputado.

Según fuentes judiciales, Rudnev fue equipado con una tobillera electrónica que lleva desde mediados de mayo y su monitoreo está a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación. La capitalización de esta medida se produjo a partir de una resolución del Tribunal de Impugnación del Distrito General Roca, emitida a finales de abril, que permitió la prisión domiciliaria en lugar de la detención en penal federal.

El operativo para trasladar a Rudnev implicó un recorrido terrestre de aproximadamente 24 horas desde Chubut hasta Buenos Aires. La familia y el entorno del imputado cuestionaron la decisión de no utilizar un traslado aéreo, pese a que la Policía Federal Argentina ofreció un avión institucional para evitar los riesgos que un viaje prolongado por tierra podría suponer para un paciente con fibrosis pulmonar progresiva, antecedentes cardiovasculares y una hernia inguinoescrotal de gran tamaño. Estos problemas médicos fueron comunicados formalmente al juez días antes del traslado, pero no alcanzaron para modificar la modalidad del traslado.

El beneficio de cumplir la condena en domicilio se otorgó tras cumplir con estrictas condiciones impuestas por la justicia: designar garantes, establecer la prohibición de contacto con la presunta víctima y depositar una caución económica. Estas medidas buscaban asegurar que Rudnev permanezca bajo vigilancia y no obstaculice la investigación.

Por su parte, la defensa dirigida por el abogado Alejandro Sarubbi sostiene que el caso contra Rudnev carece de evidencias concretas. Señalan que no existen drogas, víctimas ni hechos probados que justifiquen la acusación, y recuerdan que peritajes oficiales descartaron la presencia de sustancias ilegales en la causa, mientras que medicamentos sospechados no le pertenecían. La familia denuncia asimismo una «crisis probatoria» y habla de persecución judicial.