La investigación judicial sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, avanza con la expectativa de que presente esta semana su declaración jurada completa en Comodoro Py. Las autoridades buscan confirmar si los movimientos patrimoniales y financieros declarados corresponden con su patrimonio real, en medio de sospechas por posibles enriquecimientos no justificados.

Los fiscales y el juez a cargo profundizan en la recopilación de datos sobre bienes, cuentas bancarias y activos en criptomonedas vinculados a Adorni. Este análisis es clave para decidir si lo convocan formalmente a declarar bajo las figuras de indagatoria o declaración informativa, en un proceso por presunto enriquecimiento ilícito.

La causa también incorpora testimonios reveladores de personas vinculadas a la gestión inmobiliaria de Adorni. Entre ellos, Matías Tabar y José Rodríguez, quienes participaron en refacciones y alquileres de propiedades relacionadas con el funcionario, confirmaron haber recibido pagos en efectivo y en dólares por montos considerables. Estas operaciones financieras, realizadas desde fines de 2023, no tendrían respaldo en la declaración oficial de ingresos de Adorni desde que asumió bajo la administración del presidente Javier Milei.

Entre las propiedades bajo la lupa figuran un departamento en el barrio de Caballito y una vivienda ubicada en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. En este último, tanto Tabar como Rodríguez reconocieron haber cobrado sumas significativas sin factura y en efectivo, lo que disparó las alertas de la Justicia. También se tomó declaración a la escribana que intervino en la compra del departamento, sumando elementos para corroborar el origen y destino de los fondos.

Frente a los retrasos en la entrega de documentación requerida, Adorni fue formalmente intimado para que presente toda la información pendiente, advirtiéndole sobre las posibles consecuencias legales de no cumplir a tiempo. Entre los documentos pedidos figuran detalles de ingresos, movimientos bancarios y operaciones vinculadas a bienes muebles e inmuebles.

En este marco, la Justicia mantiene abierta la posibilidad de citar a Adorni a una audiencia formal si la información recopilada así lo amerita. El procedimiento permitirá evaluar con mayor precisión las presuntas irregularidades sobre el patrimonio del funcionario. Por ahora, la causa continúa centrada en contrastar declaraciones, analizar evidencias patrimoniales y determinar el alcance real de las investigaciones.