El Juzgado Federal N°1 de La Plata exigió al Gobierno nacional asegurar de inmediato el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos, ante un serio riesgo que representa la insuficiencia presupuestaria para mantener sus tareas fundamentales. Esta orden responde a la advertencia del Ministerio Público Fiscal sobre la crisis administrativa y financiera que atraviesa el organismo.
Creado en 1987, el Banco es clave para la identificación de personas apropiadas durante la última dictadura militar y participa activamente en procesos judiciales relacionados con delitos de lesa humanidad. Informes internos detallaron que el presupuesto para 2026 apenas cubre el 55,96% de lo solicitado, afectando áreas cruciales como la seguridad, la limpieza, el mantenimiento edilicio y, sobre todo, la conservación de muestras biológicas cuya integridad resulta esencial para garantizar la validez y cadena de custodia de futuras pericias genéticas.
La decisión judicial recae sobre el jefe de Gabinete y el Ministerio de Justicia, quienes deben implementar medidas inmediatas para proteger no solo la operatividad del Banco, sino también el Archivo Nacional de Datos Genéticos, que reúne pruebas fundamentales para los procesos de restitución de identidad y justicia a las víctimas de la dictadura. Además, la resolución obliga a las autoridades a presentar informes sobre el interés público involucrado y las consecuencias estatales ante eventuales incumplimientos.
En paralelo, Abuelas de Plaza de Mayo se sumó como querellante para reforzar la demanda judicial, señalando que cualquier interrupción en el Banco pondría en riesgo pruebas irreemplazables y comprometería obligaciones internacionales de Argentina en materia de verdad, identidad y reparación.