La Justicia suspendió de manera parcial la Resolución que proponía el cierre de más de 600 servicios en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), bloqueando además despidos y modificaciones en las funciones del personal. Esta decisión judicial fue impulsada por una medida cautelar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y busca preservar la estabilidad laboral y las actividades del organismo estatal.
El fallo, dictado por el juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, ordena al INTI abstenerse de realizar cualquier trámite administrativo relacionado con despidos, cambios en las funciones del personal o movimientos de inventarios. Además, exige mantener la ocupación efectiva de todos los agentes bajo las mismas condiciones salariales y categóricas vigentes al momento previo a la resolución, permitiendo la continuidad de los programas técnicos, de ensayos, certificaciones y transferencia tecnológica que desarrolla la entidad.
La medida generó una rápida respuesta de ATE, cuyo secretario general destacó que la decisión representa una victoria importante para los trabajadores estatales y un freno tanto a los despidos ilegales como al desguace del organismo. En contraste, el Consejo Directivo del INTI defendió la resolución original, señalando que buscaba una simplificación administrativa y una redistribución hacia sectores donde la intervención estatal es crucial, sin afectar el rol institucional de la organización.