El jefe del Ministerio Público Fiscal, Eduardo Casal, presentó un dictamen dirigido a la Corte Suprema para que revoque el fallo que permitió a Cristina Kirchner seguir cobrando de forma provisoria su pensión vitalicia como viuda del expresidente Néstor Kirchner. El pedido surge a raíz de la condena firme contra la exmandataria en el caso Vialidad, que implica una inhabilitación legal para recibir ese beneficio.

En un documento de trece páginas, Casal cuestionó la decisión de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que en apelación había ordenado frenar la suspensión del pago de la pensión, alegando que esa resolución presentaba una contradicción jurídica “insalvable”. Según el procurador, la Cámara ignoró el impacto que tiene la condena penal firme en la suspensión de beneficios previsionales como establece el artículo 19 del Código Penal.

El conflicto surge porque, aunque los jueces de la Cámara admitieron que el juez de ejecución penal es quien debe definir el alcance de la condena y la inhabilitación, luego suspendieron la baja del beneficio mediante una medida cautelar en un fuero distinto. Esto, para Casal, genera una ruptura en la coherencia lógica y jurídica que debe caracterizar toda decisión judicial.

El artículo 19 del Código Penal señala que las condenas con penas mayores a tres años incluyen una inhabilitación absoluta para el condenado durante el tiempo que dure la pena, lo que implica la suspensión de cualquier jubilación, pensión o retiro, ya sea civil o militar. El procurador enfatizó que la Cámara no aportó una justificación suficiente para desestimar este punto y limitarse a considerar solo el carácter alimentario de la pensión.

Esta presentación forma parte del expediente "Recurso de Queja N° 2 – Fernández, Cristina Elisabet c/ ANSES s/ nulidad de acto administrativo", abierto tras el fallo de la Cámara que ordenó la restitución cautelar del beneficio mientras se resolvía el juicio principal sobre su legalidad. Aunque la opinión de Casal no es vinculante para el máximo tribunal, representa un paso determinante en el proceso judicial que se sigue a partir de la condena contra la ex presidenta.

La discusión gira en torno a si la condena por corrupción debe implicar necesariamente la suspensión definitiva de la pensión o si puede mantenerse de forma provisoria hasta que se defina el alcance completo de la pena. El procurador sostiene que la ley penal y los efectos de la sentencia firme pesan más que el argumento de la función alimentaria de la prestación.