La Provincia de Buenos Aires tomó postura firme contra el proyecto de ley enviado por el Gobierno Nacional que modifica aspectos claves del sector energético, entre ellos la reducción del régimen de tarifa diferencial conocido como Zona Fría. Desde el área de Energía bonaerense advirtieron que estos cambios impactan directamente en los usuarios y en las cooperativas eléctricas, además de limitar la promoción de fuentes renovables.
Gastón Ghioni, subsecretario de Energía provincial, expuso en una conferencia de prensa que el paquete legislativo busca, en esencia, disminuir los subsidios para unos 95 municipios de la provincia que hoy se benefician con tarifa diferenciada, además de eliminar la ampliación de este régimen. Ese recorte reducirá el subsidio al gas al 50% del precio, pero dejará fuera el transporte, la distribución y otros componentes que hoy forman parte del régimen.
Otro eje crítico señalado por Ghioni es la propuesta de prohibir que las facturas eléctricas incluyan conceptos que no estén vinculados estrictamente al servicio habitualmente prestado. Esta medida había sido intentada anteriormente vía resolución administrativa y desestimada por la Justicia. Ahora se busca incorporarla formalmente en la ley. Según la Provincia, esta disposición representa una invasión a la autonomía provincial para definir sus propias tarifas, poniendo en riesgo un mecanismo clave como el fondo compensador tarifario.
Este fondo es financiado por los usuarios y sirve para asistir a cooperativas eléctricas ubicadas en localidades pequeñas, que por sí solas no podrían sostener el servicio. La eliminación de este fondo podría dejar sin recursos a esas distribuidoras, afectando gravemente el acceso a la energía en zonas rurales y menos pobladas.
Ghioni también advirtió sobre la problemática vinculada a la deuda de las distribuidoras con CAMMESA, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico. Si bien apoyó la idea de ordenar la deuda, enfatizó la necesidad de realizar balances detallados para diferenciar adecuadamente activos y pasivos regulatorios, evitando daños financieros indebidos para las jurisdicciones involucradas.
Según el funcionario, esta iniciativa forma parte de una continuidad en la política energética nacional que busca avanzar hacia la desregulación del sector, la privatización de las empresas públicas y la pérdida de prioridad en el abastecimiento interno. Por último, remarcaron que los cambios también amenazan proyectos de inversión en energía renovable, un área prioritaria para el desarrollo provincial y nacional.