El sistema impositivo argentino carga una presión mayor sobre los sectores populares, que destinan una proporción significativa de sus ingresos a impuestos. Según un análisis del International Tax Observatory (ITO), mientras los hogares de menores recursos pagan cerca del 37% de su ingreso en tributos, el 10% más rico tributa apenas el 25%, evidenciando una creciente regresividad fiscal en el país.

El investigador chileno Vicente Silva, quien presentó el informe en la Universidad de Buenos Aires, explicó que esta desigualdad se debe principalmente a la composición de la recaudación en Argentina, que depende en gran medida del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicado al consumo. Los sectores de bajos ingresos destinan casi la totalidad de sus recursos al consumo de bienes esenciales como alimentos, medicamentos y servicios básicos, por lo que el IVA impacta más duramente en sus economías familiares.

En el caso de la clase media, la presión tributaria también es alta, absorbiendo aproximadamente un 29% de sus ingresos por impuestos. Por el contrario, los sectores más ricos utilizan mecanismos financieros y estructuras empresariales que les permiten minimizar el pago de impuestos sobre la renta y el patrimonio, reduciendo así su contribución efectiva.

El estudio detalla que el IVA representa casi el 40% de la recaudación fiscal total en Argentina, mientras que impuestos directos sobre el patrimonio, como Bienes Personales, apenas representan un 1,3%. Esta estructura impositiva genera un efecto de traslación del peso fiscal hacia los sectores populares y medios, ampliando las desigualdades sociales y económicas.

En este contexto, el ITO propuso implementar en América Latina un impuesto mínimo sobre patrimonios superiores a los 100 millones de dólares, con una tasa del 2%. La iniciativa busca establecer un piso impositivo que impida a las grandes fortunas eludir su contribución mediante estrategias legales para reducir su carga tributaria, asegurando una distribución más equitativa del peso fiscal.

El informe coincide con un escenario económico difícil en Argentina, donde el poder adquisitivo de las familias continúa deteriorándose. Datos del INDEC revelan que para no ser considerados pobres, los hogares deben contar con ingresos superiores a 1,5 millones de pesos mensuales, cifra difícil de alcanzar debido al incremento constante de precios en servicios regulados, transporte y electricidad, que consumen una proporción cada vez mayor de los ingresos.

Especialistas advierten que la combinación de ajustes fiscales, caída del consumo y una estructura tributaria regresiva profundiza las desigualdades, afectando sobre todo a los sectores más vulnerables y limitando el crecimiento económico inclusivo en el país.