Desde la asunción de Javier Milei, la administración pública nacional experimentó una reducción de más de 71.000 puestos de trabajo, según informó el vocero presidencial Adrián Ravier. Solo en mayo, se eliminaron más de 3.000 cargos en la administración central, sumando a este proceso que busca hacer más eficiente el funcionamiento del Estado.

Esta disminución responde a un plan de desregulación que apunta a achicar estructuras consideradas sobredimensionadas, eliminando funciones duplicadas y racionalizando la asignación de recursos públicos. Ravier destacó que la reducción del gasto en burocracia contribuyó a estabilizar la economía y abrir paso al crecimiento económico posterior.

Entre las dependencias más afectadas se encuentra la Comisión Nacional de Energía Atómica, donde el total de puestos se redujo en casi un 58%, pasando de 645 a 272 empleados. Además, se implementaron planes de retiros voluntarios en organismos clave como Belgrano Cargas, la Casa de la Moneda, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), Radio y Televisión Argentina (RTA), la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), el Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Programa de Atención Médica Integral (PAMI).

En total, cerca de 4.000 empleados optaron por adherir a los retiros voluntarios en los últimos dos años y medio. Paralelamente, el gobierno redujo significativamente la cantidad de cargos en la alta dirección: hubo una disminución del 36% en autoridades superiores con respecto a la gestión anterior, con menor número de ministerios y secretarías, así como subsecretarios y asesores.

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, responsable de esta estrategia, aseguró que la reforma es «quirúrgica» y busca destinar los recursos ahorrados en burocracia hacia la mejora de servicios públicos para la población. La reducción del empleo público promedió unas 3.000 bajas mensuales en los últimos dos meses, reflejando un proceso sostenido de revisión y ajuste en todos los organismos estatales.