El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, solicitó a los fiscales generales una revisión urgente y exhaustiva de todas las denuncias relacionadas con abusos infantiles, a raíz del impacto causado por el caso Lyhanna, una niña de 11 años cuyo asesinato generó conmoción nacional. La reunión se realizó en la Cancillería, donde el titular del ministerio estableció un plazo para que se atiendan todas las denuncias pendientes ante los tribunales de apelación del país.

Darmanin dio instrucciones claras a los fiscales para que atiendan las denuncias de víctimas menores, alrededor de 70.000 casos, antes de una fecha límite establecida. El ministro advirtió que ningún magistrado tendría licencia hasta completar esta tarea, en un esfuerzo por asegurar que no se repitan las fallas detectadas en el seguimiento del expediente contra el sospechoso del crimen de Lyhanna, quien estuvo involucrado en denuncias previas por abuso sexual infantil que no fueron debidamente procesadas.

A raíz de este caso, organizaciones feministas y grupos dedicados a la protección infantil convocaron movilizaciones frente a los tribunales como señal de protesta y demanda de justicia. En paralelo, una marcha con miles de participantes rindió homenaje a Lyhanna en una localidad del sur del país, expresando además el reclamo de mayor compromiso por parte de las autoridades.

El ministerio de Justicia también emitió una disculpa oficial a la familia de la niña, reconoció las «disfunciones inaceptables» en la gestión de las denuncias y anunció la apertura de investigaciones internas para identificar responsabilidades. La inspección conjunta entre entidades judiciales, gendarmería y educación tiene un plazo de quince días para entregar sus conclusiones sobre la actuación de los servicios estatales.

El caso que desató la crisis fue una denuncia presentada por la madre de otra niña de 11 años, acusando violaciones cometidas entre septiembre y mayo anteriores al asesinato de Lyhanna. A pesar de las pruebas forenses y datos contundentes, el expediente enfrentó una demora y cambios de jurisdicción que, según informaron autoridades, evidencian una falta de priorización y coordinación en la tutela de las víctimas.

El ministro del Interior también lamentó que el sospechoso no fuera interrogado antes de la desaparición de la menor, una cuestión que se suma a la crítica sobre el manejo judicial. Darmanin enfatizó que la violación infantil debe considerarse una emergencia absoluta y que se aplicarán sanciones a los responsables si se comprueba negligencia profesional en el tratamiento de estos casos.