El Gobierno nacional actualizó el protocolo para identificar casos de trata de personas en terminales aéreas, dejando sin efecto el procedimiento vigente desde 2018. La resolución oficializada elimina viejos mecanismos y establece un marco renovado que será obligatorio para los agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Este nuevo protocolo busca afrontar redes criminales cada vez más complejas y sofisticadas, conforme a reportes internacionales que indican un crecimiento y transformación de estas organizaciones tanto a nivel nacional como transfronterizo. Una de las innovaciones es la designación de agentes especializados en trata en cada dependencia de la PSA, cuya supervisión quedará a cargo del director nacional de esa fuerza.

Además, la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos de Trata y Contra la Integridad Sexual tendrá la responsabilidad de actualizar, monitorear y difundir el contenido del protocolo, con especial cuidado en preservar la confidencialidad de los anexos operativos y la identidad de los funcionarios asignados, como medida para proteger las investigaciones y evitar filtraciones que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana.

El documento establece que la actuación policial deberá priorizar la rapidez, el secreto profesional, la protección integral de las víctimas y la evaluación constante del riesgo asociado. Se enfatiza la importancia de evitar la revictimización y de proteger la identidad de las personas afectadas durante todo el proceso de asistencia.

En los casos que involucren a niños, niñas o adolescentes, el protocolo ordena ajustar las diligencias al interés superior del niño, respetando la legislación nacional y los tratados internacionales suscritos.

La resolución también define con precisión qué actividades constituyen la trata de personas, abarcando el reclutamiento, traslado, recepción o alojamiento de personas para fines de explotación. Entre las formas de explotación se encuentran la servidumbre, el trabajo forzoso, la explotación sexual, la producción de material de abuso sexual infantil, el matrimonio forzado y el tráfico ilícito de órganos.

El texto hace hincapié en que las organizaciones criminales aprovechan situaciones de vulnerabilidad como pobreza, migraciones, discapacidades o exclusión social para captar víctimas, lo que justifica la actualización continua de las estrategias de intervención y prevención en los aeropuertos.